Notas de Prensa del diario GARA
 
Los Derechos Humanos en la Europa Occidental  
 
 

Guardias civiles huyeron de un aparthotel de Toulouse y se dejaron dos pistolas
DONOSTIA-. El diario "El Mundo" publica hoy en su edición impresa que el 18 de mayo de 2009, tres días después de que la familia de Jon Anza denunciara públicamente su desaparición, cuatro guardias civiles abandonaron de forma precipitada el aparthotel Adagio de Toulouse y se dejaron olvidadas dos pistolas debajo de un colchón.

La Guardia Civil no notificó esos hechos de forma inmediata a las autoridades francesas, según indica el diario citando fuentes del Ministerio español de Interior "directamente relacionadas con la lucha contra ETA".

Ese hecho era desconocido tanto por la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, como por el comisario de la Policía Judicial que lleva la investigación del caso, Patrick Leonard.

Siempre según "El Mundo", las autoridades francesas tuvieron conocimiento del incidente el pasado 17 de febrero, nueve meses después de que se produjera y por "una vía extraoficial". "Y automáticamente abrieron una investigación por el suceso, que pudieron confirmar al día siguiente y que nunca se aportó por la Policía de Toulouse" a la investigación judicial abierta en Baiona por la desaparición de Jon Anza.

Los guardias civiles que huyeron del aparthotel Adagio pertenecen al grupo de información del instituto militar, cuya sede central está en Madrid, y estaban destacados en Toulouse, donde colaboraban con la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista francesa (Uclat), de acuerdo con el citado rotativo.

Afirman que las FSE "secuestraron, torturaron y mataron" a Anza

BAIONA-. Familiares de Jon Anza, abogados, amigos y agentes sociales y sindicales han comparecido en una rueda de prensa en Baiona en la que han enmarcado la muerte del militante independentista en la "guerra sucia" y han realizado un llamamiento a movilizarse para impedir que, el lunes por la mañana en Toulouse, se realice la autopsia si no está presente un médico designado por la familia.

Algo, que sumado al trato «humillante, cruel y miserable» ofrecido ayer a los familiares de Anza agrava la situación y hace preguntarse a «qué tienen miedo». Han denunciado de forma tajante que en caso de que un médico de confianza no sea autorizado a participar en la autopsia, al igual que la versión oficial, «insostenible», no aceptarán ningún resultado.

En nombre de todos ellos, el abogado Jon Enparantza ha rechazado la inverosimil versión oficial y ha subrayado que a Anza "le secuestraron, torturaron y mataron"  en un nuevo capítulo de la "guerra sucia".

Ha señalado que están convencidos de que el militante independentista "estuvo en manos" de las FSE en los días previos a su fallecimiento y ha situado la responsabilidad política de su muerte en el  presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la República francesa, Nicolas Sarkozy. Sin olvidar ni a Rubalcaba ni a Michelle Alliot Marie, sobre la que recordaron que en el momento de la desaparición de Anza era ministra de Interior y ahora de Justicia.

Con objeto de exigir responsabilidades políticas a los dos gobiernos,han realizado un especial llamamiento a participar en las próximas movilizaciones. Así, han recordado que mantendrán la manifestación nacional convocada para el 17 de abril en Donibane Lohizune, donde prevén que se llenarán sus calles para emplazar directamente a Mcihelle Alliot Marie.


El caso de Jon Anza es un escándalo que puede afectar seriamente al Gobierno francés

El miembro de los GAL José Amedo, en libertad tras cumplir una parte mínima de una ínfima condena si tenemos en cuenta los crímenes que cometió, ha acudido a diferentes programas de televisión para defender que, en contra de la opinión general al respecto, el grupo paramilitar organizado bajo el Gobierno del PSOE cumplió con creces sus objetivos operativos. Según la versión popular, los GAL fueron más bien «una chapuza» que apenas sirvió para aplicar la Ley del Talión contra algunos refugiados vascos y enriquecer ilícitamente a sus promotores y mercenarios. Sin embargo, Amedo defiende de manera fundamentada que el principal objetivo de los GAL era cambiar la política de las autoridades francesas en relación a ETA y al independentismo vasco, y dice que lo lograron.

Lo cierto es que, desde ese punto de vista, Amedo tiene razón. Si durante décadas la República había sido lugar de asilo para militantes de diferentes luchas de liberación, incluidos los vascos, los GAL supusieron un punto de inflexión en aquella política. A la colusión entre policías españoles y galos siguieron las detenciones masivas y las expulsiones de refugiados, así como un endurecimiento de las condenas contra los activistas vascos en territorio francés. La ofensiva parapolicial adquirió pronto dimensión política y ambos estados estrecharon su «colaboración antiterrorista». Contra ETA, se entiende, puesto que ningún Gobierno francés pidió explicaciones por la manera en la que policías españoles cometieron atentados en su territorio. En este caso el orgulloso discurso sobre la integridad y la soberanía que caracteriza a la clase política francesa se desvaneció. Desde ahí se ha llegado a la estrecha relación de la que a menudo alardean las autoridades españolas.

En todo caso, no se debe olvidar que, si borrachos de impunidad los fundadores de los GAL cometieron errores que en última instancia destaparon una parte de aquella trama urdida en las cloacas del Estado, los tribunales españoles se encargaron de deshacer el entuerto al no encausar a los responsables políticos últimos, aplicando penas mínimas a los condenados, eximiéndoles de conformar una «banda armada», pisoteando la dignidad de las víctimas y, por último, aplicando indultos de facto. Asimismo, hablar de «chapuza» para referirse a 26 muertos es, cuando menos, un acto de frivolidad.

Las consecuencias políticas

Lo cierto es que, hasta ahora, las actividades parapoliciales españolas en territorio galo nunca han tenido consecuencias políticas para los mandatarios franceses. Sin embargo, es evidente que durante los últimos meses esa estrecha relación se ha visto deteriorada por diferentes hechos. La muerte a tiros de dos militares españoles en Capbreton supuso un duro golpe. A partir de ahí, el secuestro de un militante vasco, la intromisión de los medios de comunicación españoles en operaciones policiales y actuaciones autónomas de la Policía española han afectado, según diversas fuentes, a esa confianza. En este contexto, la desaparición de Jon Anza ha sido una auténtica «patata caliente» en manos de las autoridades francesas. Sin descartar la implicación de alguno de sus subordinados, colaboración sin la que algunas de las cosas que rodean al caso resultan imposibles.

El caso Anza ha despertado, además, el interés de los grandes medios de comunicación franceses. Periódicos como «Le Monde» y «Liberation» han informado sobre el caso apuntando a la hipótesis de que la desaparición hubiese sido obra de policías españoles a los que Anza se les hubiese «ido» mientras lo interrogaban. Es de suponer que las incongruencias de la versión oficial avivarán aún más el interés por un caso humana, política y periodísticamente muy revelador.

Francia no es un plató de «Les Experts»

«Les Experts» es el nombre en francés de la teleserie que en el Estado español se conoce como «CSI». El caso Jon Anza bien podría ser un capítulo de esa popular serie. Sólo que este caso es real.

La credibilidad y la independencia de la Justicia francesa están en entredicho por una versión inverosímil que deja más preguntas en el aire de las que pretende aclarar. En ese sentido, la fiscal Anne Kayanakis sentenció ayer que las circunstancias en las que se ha descubierto el cadáver de Jon Anza sólo eliminan una hipótesis: la defendida por Alfredo Pérez Rubalcaba. El resto, según señaló, están abiertas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, cabe pensar que el de Anza puede ser el primer caso en el que la colaboración entre el Estado español y el francés afecta negativamente al segundo. A su credibilidad, a sus estructuras, a su estado de derecho y a su condición de país avanzado. Se trata de un escándalo de tal tamaño, la versión oficial resulta tan inaceptable desde cualquier punto de vista y darle pábulo supone asumir tal cadena de negligencias -sin además aportar nada a aclarar las circunstancias de la muerte del militante de ETA- que los mandatarios franceses harían bien en revisar sus políticas. El ministro de Interior, Brice Hortefeux, debe asumir su responsabilidad e investigar para no cerrar este caso en falso.

Editorial Diario GARA


Jon Anza y Mikel Zabalza
(Xabier Makazaga Miembro de Torturaren Aurkako Taldea)

Mientras una de las partes del conflicto ha reconocido siempre su responsabilidad, la otra blande el negacionismo como bandera. Por eso es tan urgente desenmascarar ese negacionismo hipócrita y obligarles a destapar las cloacas de los estados reconociendo lo sucedido con esas miles de víctimas de la guerra sucia y la tortura que siguen sin ser reconocidas como tales.

Hace tres meses remarqué en un artículo las significativas similitudes entre el caso de Mikel Zabalza y el de Jon Anza, insistiendo en que lo sucedido durante los 20 intensos días en que Mikel estuvo desaparecido debía servirnos de ejemplo para redoblar esfuerzos en la denuncia por la desaparición de Jon.

En efecto, la enorme presión popular que se vivió en Euskal Herria hace 24 años tras la desaparición de Mikel Zabalza, que apareció «ahogado» en el río Bidasoa tras ser detenido por la Guardia Civil y estar 20 días desaparecido, no dejó otro remedio a las autoridades que el de hacer aparecer su cadáver, que de otro modo podemos dar por descontado hubiesen hecho desaparecer para siempre. Y el gran trabajo realizado en el caso de Jon (los recientes y significativos artículos en influyentes medios periodísticos franceses, la prevista manifestación nacional para el aniversario de su desaparición...) les han obligado a otro tanto.

Las similitudes entre ambos casos son bien evidentes: Mikel Zabalza también tenía problemas de salud cuando lo detuvo la Guardia Civil (había sido operado varias semanas antes), y no cabe duda que dichos problemas tuvieron mucho que ver con su muerte al ser sometido a la «bañera». De no ser por ello, seguramente habría sobrevivido como otros miles de víctimas de los torturadores, y también es más que probable que el destino de Jon Anza hubiese sido otro de no ser por su deteriorada salud, pues no parece que la intención inicial de sus captores fuese hacerle desaparecer, como a Lasa y Zabala, Pertur, Naparra o Popo. «Se les fue», como en su día Mikel, y tras mantenerlo desaparecido lo han hecho aparecer.

Según la versión oficial difundida por las autoridades españolas en el caso de Mikel Zabalza, éste habría logrado fugarse cuando era trasladado por tres guardias civiles a reconocer un supuesto zulo de ETA que jamás apareció. Y fue la misma Guardia Civil la que encontró su cuerpo en el Bidasoa 20 días después, en un lugar que había sido rastreado una y otra vez hasta el día anterior por personal de la Cruz Roja. Remárquese la similitud de lo sucedido en la morgue de Toulouse con el cuerpo de Jon Anza.

A Mikel Zabalza le inyectaron en los pulmones agua procedente del Bidasoa, y guardaron el cadáver en una bañera del tristemente célebre cuartel de Intxaurrondo llena con la misma agua hasta arrojarlo al río, pero bien poca gente se dejó engañar en Euskal Herria. Años más tarde, se supo que murió en dicho cuartel, mientras era sometido a la «bañera» por varios guardias civiles, entre los que se encontraban Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados más tarde, junto con su jefe Enrique Rodríguez Galindo, en el caso Lasa-Zabala.

Los servicios secretos conocían ya en 1985 lo verdaderamente sucedido con Mikel Zabalza, como consta en uno de los informes internos del CESID, pero tanto los Gobiernos del PSOE como los del PP han denegado siempre la incorporación de dicho documento a la causa judicial, alegando que es secreto y su desclasificación pondría en peligro la seguridad del Estado. Por eso, nunca se ha llegado a juzgar a los implicados, uno de los cuales, el entonces teniente Gonzalo Pérez García, que fue quien facilitó la idea del túnel de Endarlatsa como lugar idóneo para situar la supuesta huida de Mikel, murió siendo ya comandante a principios del 2004 en Irak, cuando participaba junto con agentes iraquíes en una operación contra la resistencia.

Eso sí, por fortuna, tanto la familia de Mikel Zabalza como la de Jon Anza han podido al menos recuperar sus cadáveres. También pudieron recuperarlos las de Josean Lasa y Joxi Zabala, pero otros militantes independentistas que según todos los indicios sufrieron el mismo horrible fin en aquella época (Pertur, Naparra, Popo) aún siguen desaparecidos.

Hay que recordar que poco antes de que se empezaran a esclarecer algunos de los crímenes de los GAL, cometidos con complicidad francesa, el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, se pronunció muy contundentemente al respecto con su famoso «no hay pruebas, ni nunca las habrá», pero en aquella ocasión, para su desgracia, sí que las hubo, y muchas. Pero en la práctica totalidad de las ocasiones, los estados español y francés tienen medios de sobra para ocultar toda posible prueba, y vaya si los utilizan a conciencia.

Siendo ministro del Interior del Gobierno de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja manifestó que «ETA mata, pero no miente». En cambio, el Estado español no sólo mata sino que sobre todo miente a espuertas; muy especialmente en lo que se refiere a la tortura y la guerra sucia, que han estado siempre íntimamente ligadas. Y el Estado francés, que superó todos los horrores imaginables en la Guerra de Argelia, también tiene mucho que ocultar actualmente.

Así, mientras una de las partes del conflicto ha reconocido siempre su responsabilidad, la otra blande el negacionismo como bandera. Por eso es tan urgente desenmascarar ese negacionismo hipócrita y obligarles a destapar las cloacas de los estados reconociendo lo sucedido con esas miles de víctimas de la guerra sucia y la tortura que siguen sin ser reconocidas como tales. Por eso es tan necesaria una comisión de la verdad como la constituida tras el apartheid en Sudáfrica. Porque el proceso democrático que tanto necesita nuestro pueblo sólo podrá ser construido sobre la verdad de lo sucedido durante estas décadas de cruento conflicto.

¡Basta de mentiras y negacionismo! ¡Queremos la verdad y la queremos ya!

GARA 13/3/2010


El antecedente del secuestro de Mujika en diciembre de 2008

Para buscar antecedentes de lo que haya podido ocurrirle a Jon Anza no es necesario remontarse a los tiempos de los GAL, ni rememorar casos de «guerra sucia» de los años ochenta. El 11 de diciembre de 2008, cuatro meses antes de que desapareciera Anza, el ataundarra Juan Mari Mujika fue secuestrado en el centro de Donapaleu por cuatro hombres que luego se identificaron como policías españoles.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Baiona recoge que, sobre las 8.50 de la mañana, cuando Mujika se disponía a subir a su vehículo, tres hombres lo abordaron y le pidieron que les acompañara a comisaría. Sin embargo, tras montar con ellos en un coche, se presentaron como policías españoles y le condujeron hasta un cercano lago, apartado y poco frecuentado, donde se encontraba ya un cuarto individuo. Allí, dos de ellos le interrogaron durante dos horas, le amenazaron y le ofrecieron colaborar con ellos a cambio de dejarle en paz, a él y a su familia.

Teléfonos españoles

Tras la presentación de la denuncia, se puso en marcha una investigación sobre lo ocurrido. Entre las pruebas practicadas se incluía un informe pericial de telefonía que vino a corroborar la aparente veracidad del relato. La comprobación de las señales emitidas por los repetidores de la zona reveló que en el momento de los hechos estaban activados en el área mencionada por el denunciante varios teléfonos móviles. Según publicó «Le Monde» casi un año después -en un reportaje sobre la desaparición de Jon Anza, precisamente-, los números identificados eran de teléfonos españoles y, además, eran cuatro, lo que coincide con el número de secuestradores referido en la querella.

A la vista de estos datos, el juez encargado del caso envió una comisión rogatoria internacional al Estado español para interesar la indagación de las identidades de los titulares de las líneas incriminadas. Pero, según las fuentes citadas, las autoridades españolas le respondieron que los números correspon- den a tarjetas prepago y por tanto anónimas, ya que hasta noviembre de 2009 no resultaba obligatoria su identificación y asociación a un DNI. El caso parece bloqueado en ese punto, aunque los datos que se conocen resultan esclarecedores.

Por otra parte, todos los periodistas franceses que han indagado en el caso de Jon Anza han coincidido en informar de la enorme presencia de agentes españoles en Ipar Euskal Herria, y de que sus operaciones no siempre son conocidas por las autoridades francesas.


Allegados de Anza denuncian la «guerra sucia» y exigen respuestas

Mañana está previsto que médicos franceses efectúen la autopsia al cadáver de Jon Anza, pero sin la presencia de un forense de confianza de la familia, cuya demanda, de nuevo, se ha topado con una prohibición. Ante ello, llaman a acudir a Toulouse -la cita, a las 7.30 en el peaje de Muret- para impedir que este «capítulo de guerra sucia», del que responsabilizan directamente a la Guardia Civil, siga su curso.


Gari MUJIKA | BAIONA

Los familiares de Jon Anza, sus abogados y la izquierda abertzale, tras los acontecimientos de los últimos días, no ven más que la confirmación de que el militante donostiarra fue secuestrado, torturado y llevado hasta la muerte por las FSE españolas con el amparo del Estado francés, habida cuenta de la aparición del cadáver del donostiarra once meses después de su desaparición y en el marco de un relato lleno de lagunas, contradicciones e «inverosímil se mire como se mire».

En una rueda de prensa ofrecida en Baiona, mostraron su convencimiento de que el cuerpo policial responsable de este «nuevo capítulo de guerra sucia» ha sido la Guardia Civil. Fueron aún más tajantes al afirmar que no cejarán hasta que se sepa toda la verdad y se depuren responsabilidades.

«Los acontecimientos no quedan ahí. Nosotros queremos la verdad, y para ello tenemos una cita muy importante el lunes [por mañana]», apuntó Jean François Lefort en nombre del movimiento pro-amnistía.

Una veintena de medios

El revuelo generado tras la «aparición» del cuerpo sin vida de Anza en la morgue del Hospital Purpan de Toulouse, once meses después de su desaparición y con una versión oficial insostenible, fue ayer también más que evidente en la comparecencia llevada a cabo en la capital labortana. Sólo había que ver a la más de la veintena de medios vascos, franceses y españoles que respondieron a la convocatoria de prensa.

Mañana será cuando, según han anunciado las autoridades francesas, se practicará la autopsia al cadáver del represaliado político donostiarra, y el veto impuesto hasta ahora a la familia ha llegado incluso hasta la negativa a que un forense de su confianza participe en la prueba.

En la comparecencia hicieron especial hincapié en que no aceptarán que eso sea así, y advirtieron al Estado francés que si la negativa continúa, impedirán como sea que la autopsia se lleve a cabo.

Huelga decir que no aceptarán ningún resultado de pruebas forenses en las que no haya participado un forense designado por la propia familia.

Así las cosas, tanto los allegados de Anza como el movimiento pro-amnistía quisieron alertar a Euskal Herria en relación a la importancia de que en la prueba participe un forense de confianza y, por ello, ante la negativa impuesta, hicieron un llamamiento especial a los ciudadanos vascos a que acudan mañana por la mañana a Toulouse. En concreto, fijaron la cita a las 7.30 en el peaje de Muret, a escasos kilómetros de la capital occitana.

El veto francés a la participación de un forense de confianza en la autopsia llega tras la prohición que mantuvieron durante toda la jornada del viernes a que los allegados pudieran ver el cadáver.

Ni la ropa ni otros objetos

Además, tampoco han querido mostrar ni la ropa ni nada que portara el donostiarra cuando supuestamente fue encontrado con síntomas de desvanecimiento en un parque de Toulouse el 29 de abril pasado, ni siquiera los informes sanitarios y administrativos pertinentes en un caso de este tipo. Otro detalle a resaltar sería el estado bastante deteriorado en el que se encontraría el cadáver.

Lefort arrancó la rueda de prensa repasando la cronología de los hechos tras la desaparición de Anza el 18 de abril del pasado año. Recordó que el 23 de ese mes, cinco días después de que el ex preso se embarcara en Baiona en el tren dirección Toulouse, su compañera se comunicó también con el Hospital Purpan, entre otros muchos, recibiendo negativas por respuesta sobre la posibilidad de que Anza estuviera allí.

Desde esa fecha los centros hospitalarios también son conocedores de la desaparición del represaliado. Sería seis días después, según la versión que el viernes defendió la fiscal de Baiona, Anne Kayanakis, cuando hallan vivo, aunque inconsciente, a Jon Anza en un céntrica parque de Toulouse. Fue entonces cuando, según ese relato oficial, el donostiarra fue ingresado en el mismo hospital con el que seis días antes sus allegados se comunicaron alertándolo sobre los hechos.

Si bien la versión oficial fecha en el 11 de mayo la muerte de Anza en el Hospital Purpan, donde seguiría sin ser identificado, la denuncia formal de los familiares se realiza cuatro días más tarde, el 15. La Fiscalía de Baiona, inmediatamente después, inicia las investigaciones, siendo Toulouse -sus centros hospitalarios y morgues- la primera localidad en la que se centran las pesquisas.

Sería poco después, el 20 de mayo, al día siguiente de que ETA denunciara la desaparición de su militante y acusara directamente a los estados francés y español, cuando un juez especial de París abre una instrucción judicial.

Llegados al momento actual, los comparecientes hicieron especial hincapié en el hecho de que «la guerra sucia sigue planeando encima del cuerpo» sin vida de Jon Anza.

Así, recriminaron la actitud «miserable, cruel e inaceptable» que las autoridades francesas mostraron el viernes en la morgue de Toulouse al impedir a la familia del donostiarra poder ver sus restos.

«¿De qué tienen miedo?»

Finalmente, la presión ejercida posibilitó que un médico de confianza pudiera ver el cadáver y confirmar que era el de Anza. «¿De qué tienen miedo? ¿Qué tienen que ocultar? Nosotros exigiremos responsabilidades en todos los niveles, y demandamos la inmediata dimisión de Alliot Marie», señaló el abogado Jon Enparantza en referencia a la ministra de Justicia gala.

Remarcó que la desaparición y muerte del militante donostiarra no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto político en el que la estrategia represiva de los estados vive una involución y en el marco de «interrogatorios ilegales» a represaliados en todo el país.

Y ante el convencimiento de que los autores del «secuestro y torturas hasta la muerte» de Jon Anza fueron militares de la Guardia Civil, el letrado exigió la retirada de Euskal Herria de todos sus agentes, «que son un obstáculo para la libertad de este pueblo».

17 de abril, cita en Lohizune

En la rueda de prensa destacaron que la marcha nacional convocada para el 17 de abril en Donibane Lohizune se mantiene y que, además, se centrará en exigir la dimisión de Alliot Marie, que también es concejala en el Consistorio labortano.

Tras emplazar al conjunto de la ciudadanía a secundar las próximas convocatorias de protesta, advirtieron que «vamos a seguir trabajando y luchando hasta saber toda la verdad».

la Ertzaintza, de nuevo

Por segundo día consecutivo, la Ertzaintza retiró de la herriko de Santurtzi una ikurriña con crespón negro y la fotografía de Anza. En Donostia -Egia, donde identificó a cuatro personas, y Parte Vieja- y en Zornotza se dedicó a retirar carteles.

Emplazan a la fiscal Kayanakis a que pregunte «en las cloacas de los estados»

Expuesta la cronología de los hechos y tras contraponerla con la versión que, a pesar de «no entender nada», defendió el viernes la fiscal de Baiona, el abogado Jon Enparantza intervino para evidenciar que «nunca hemos dado por buenas las versiones oficiales» y menos aún la que sostienen las autoridades francesas, ya que considera que se trata de «un relato construido y escenificado, inverosímil se mire por donde se mire». Recordaron cómo tras su desaparición emplazaron a los estados a responder a unas preguntas concretas, pero ahora, en base a la versión ofrecida tras la aparición del cadáver, las interrogantes se disparan. Ante las respuestas vacías que ofreció Anne Kayanakis, Enparantza la instó a que pregunte «en las cloacas de los estados, porque es evidente que han pasado por encima de la fiscal. Porque se trata de una cuestión de Estado». Y todo ello les lleva a «confirmar lo que decíamos: estamos ante otro episodio de guerra sucia».

Así, se mostraron más que seguros de que las FSE españolas «secuestraron y torturaron hasta la muerte» a Anza y que las autoridades francesas ampararon esa actuación, además ocultando su fallecimiento y su cadáver durante todos estos meses.

Directamente acusaron a los presidentes español, José Luis Rodríguez Zapatero, y francés, Nicolás Sarkozy, de ser los responsables políticos de un hecho que, a su juicio, tiene marcados objetivos políticos. Pero no se olvidaron del ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba -que guarda un mutismo especial al respecto-, ni de Michèle Alliot-Marie -recordaron que la labortana dirigía el Ministerio de Interior francés cuando desapareció el donostiarra y que ahora ostenta la cartera de Justicia-: a ambos les exigieron «explicaciones y la verdad de lo que ha ocurrido».

G. M.


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