Miércoles, 26 Febrero 2020
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Andalucia
 
El consorcio burgués de medios de comunicación (Cadena Ser), banca (Caixabank-Cajasol) y Junta de Andalucía celebran su fiesta del 28 de Febrero en Andalucía, razón por la cual ponen toda la carne en el asador trayendo a su tótem progresista Angels Barceló. Vendrán a convencer al pueblo trabajador andaluz de lo agradecidos que tenemos que estar por la “autonomía” andaluza.

Ironías del destino, los monopolios y sus instituciones, su pata izquierda y su pata derecha, son responsables y cómplices del subdesarrollo y sometimiento de una tierra que guarda en sus entrañas inmensos recursos naturales.

Esos monopolios e instituciones han convertido a Andalucía en reserva de materias primas y mano de obra barata para la acumulación de mayores plusvalías y ganancias, al rebajar el coste de producción de las mercancías fabricadas en las industrias implantadas en otras regiones del Estado español. Pero también en base de operaciones de alta importancia geoestratégica para los ejércitos imperialistas de la OTAN.

Como cualquier sector de la economía, se ha demostrado que el sector aeronáutico, que han convertido en la “niña bonita” de la industria en Andalucía, se ha desarrollado en función de los intereses de los monopolios europeos de la industria de la aviación y de la guerra. Y cuando ya no es “rentable” (es decir, que no tienen suficientes beneficios), o cuando tarde o temprano llegan los efectos de las crisis capitalistas de superproducción, cada vez más profundas y violentas, se desmantela todo y de nuevo cientos de familias trabajadoras a la calle y sin futuro. Pan para hoy y hambre para mañana.

La construcción del A400M se lo trajo Airbus a Sevilla y Cádiz porque la esclavitud asalariada aquí es mucho mayor que en otras regiones. De la misma manera que Navantia, se trata de un sector con gran participación de las instituciones “públicas”, como son la Junta de Andalucía, el Estado español y la Unión Europea, que alimentan con el dinero de todo el pueblo el negocio de cientos de subcontratas parásitas que tratan a sus trabajadores peor que a los animales.

Nos imponen además a la clase obrera la fabricación de aviones y barcos de guerra con los que el imperialismo europeo y yanqui saquean y extraen los recursos de otros países, a costa de la sangre de otros pueblos hermanos, víctimas como nosotros de dicho imperialismo y sus monopolios.

Porque Andalucía, muy lejos de ser “autónoma”, es un territorio ocupado. Ocupada por las tropas imperialistas norteamericanas, con sus bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), que usan el territorio español y más concretamente el territorio andaluz como base de operaciones para controlar África (especialmente el Sahel, rico en materias primas), el Mediterráneo y Oriente Próximo.

El gobierno de Zapatero acordó con la OTAN en mayo de 2011 en Bruselas el despliegue en España del más moderno sistema balístico de la Armada norteamericana, que implicó la llegada de cuatro destructores lanza-mísiles a Rota: USS Donald Cook, USS Ross, USS Porter, y USS Carney. Esparcidas por toda Andalucía se encuentran importantes comandancias militares al servicio de la OTAN.


En Sevilla se encuentra el Cuartel General de la Fuerza Terrestre (con mando sobre 30.000 hombres). En Rota están la Jefatura de la Flota y el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la OTAN. La Comandancia General de la Infantería de Marina se halla en San Fernando (Cádiz). Junto con estos centros de mando, en territorio andaluz se encuentra la Brigada de Infantería Ligera de la Legión Alfonso XIII, acuartelada en Viator (Almería), la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno, en Cerro Muriano, Córdoba, los destacamentos de la Legión en Ronda (Málaga), junto con otras unidades militares. En la base norteamericana de Rota se halla el Mando Aéreo de Movilidad de la U.S. Air Force y el Mando de Preposicionamiento Marítimo del Cuerpo de Marines en Europa.

Desde la base aérea de Morón de la Frontera despegaron los bombarderos invisibles B-2 Spirit y los modernos cazas F-117 Nighhawk que han masacrado a los pueblos de Libia, Iraq y Afganistán. A finales del 2011, estaban destinados en Andalucía un total de 46.600 militares. En Andalucía también se encuentran los principales centros industriales españoles de armamento: componentes de los aviones de combate Eurofighter, fragatas F-100, avión de transporte A-400, carro de combate Leopardo, vehículo táctico Pizarro… A estos hay que añadir el acuerdo firmado el pasado día 12 de abril de 2018 entre los ministros de Defensa de España y Arabia Saudita para, en palabras de la propia Navantia, “continuar los esfuerzos conjuntos en el sector de defensa para mejorar las capacidades de las fuerzas armadas saudís. Ambos ministros expresaron su intención de completar y facilitar los procedimientos necesarios para firmar el contrato con Navantia para la construcción de cinco corbetas.”

Es decir, desde Andalucía se fabrican cinco corbetas para mejorar las “capacidades de las fuerzas armadas saudís” para seguir masacrando a los pueblos árabes que entorpecen la rapiña imperialista de sus recursos naturales.

De la misma manera, el campo y el mar andaluces no son del pueblo trabajador y están siendo expoliados desde hace siglos por terratenientes y monopolios.

En el campo, la propiedad de la tierra se concentra en muy pocas manos. Como afirma la propia Junta de Andalucía en su “Atlas de Historia Económica de Andalucía”:

“El reparto de la propiedad de la tierra en Andalucía tiene sus orígenes en la Reconquista [sic] y en sus consecuentes repartimientos de dominios. La concentración de grandes extensiones en pocas manos se ha mantenido hasta nuestros días como una de las principales características estructurales del mundo agrario, sin que, en esencia, haya sido alterada por acontecimientos históricos llamados a hacerlo, como fuera el proceso de extinción del Antiguo Régimen y sus distintas desamortizaciones o la frustrada Reforma Agraria de la II República.

El 94% de las explotaciones agrarias andaluzas tienen menos de 50 hectáreas, pero no llegan a abarcar ni la cuarta parte de la superficie agraria. Y sin embargo, en las explotaciones de más de 1.000 hectáreas está el 43% de las tierras, cuando sólo suponen el 0,6% de todas las existentes.”

Un reparto de tierras fruto de un saqueo de bárbaros fundamentalistas católicos del norte que invadieron (nada de “Reconquista”) Al Andalus robando las tierras de los pequeños campesinos y reprimiendo a sangre y fuego toda manifestación cultural, política y religiosa diferente a las suyas. Tal es así, que el flamenco (del árabe campesino desposeído, expulsado) nació como expresión de lamento, del recuerdo de una experiencia traumática que caló y quedó sellado hondo, muy hondo, en el alma del pueblo andaluz. La palabra “taquilla”, también procedente del árabe “al-taqqa”, significa disimular las creencias, la identidad. Así tuvo que adaptarse el pueblo andaluz ante los invasores católicos, escondiendo sus costumbres y pensamientos, y exaltando más que nadie las nuevas costumbres para que nadie sospechara de su adhesión a ellas. Tal es el por qué el pueblo andaluz, especialmente el occidental, que fue conquistado antes por los ejércitos del norte, manifiesta tanto fervor por vírgenes y santos en cofradías y demás folclore apostólico-romano.

Herederos de ese saqueo, los grandes propietarios de la tierra, terratenientes y empresarios agrícolas y ganaderos, parasitan aún en el siglo XXI el trabajo de jornaleros y las millonarias subvenciones de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Tanto tienen, tanto les damos.

Los monopolios de la banca, los seguros y la industria de la maquinaria, semillas, fertilizantes, química… imponen un coste de producción asfixiante, mientras que por el otro lado los monopolios de la distribución y comercialización de los productos agrícolas y ganaderos imponen unos precios que ya no cubren los costes de producción del pequeño y familiar campesinado.

Son los monopolios los que deciden todas las facetas de la vida de los trabajadores del campo, como de la ciudad y el mar.

El mar que rodea Andalucía, abundante también en recursos pesqueros, ha sido esquilmado por los empresarios y armadores de la pesca, que se reparten ese botín a través de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea, España y Marruecos, que incluyen el botín del Sahara, privando también al pueblo saharaui de importantes recursos. Sólo Japón se queda con el 70% del preciado atún rojo capturado en el estrecho de Gibraltar con la milenaria técnica de la almadraba. El atún rojo alcanza cifras astronómicas en la lonja de Tokio, pudiendo alcanzar con facilidad un atún rojo el millón de euros.

Por no hablar de las inmensas riquezas minerales que emanan de las minas explotadas desde tiempos pre-romanos y hoy colonizadas por multinacionales canadienses, inglesas, alemanas y norteamericanas: oro, plata, cobre, zinc, plomo, hierro, azufre o mármol. Sólo por poner algunas cifras, de la mina Las Cruces en la sierra norte de Sevilla sale el 25% de la producción anual de cobre de todo el país y el 98% del oro y la plata del país sale de minas andaluzas.


Para acometer este milenario expolio, hace falta que el pueblo andaluz sea sometido por la fuerza y por el engaño.

Por la fuerza a base de represión de revueltas y levantamientos de obreros, jornaleros y campesinos andaluces, con los que se ha cebado especialmente el fascismo español. Hoy día, Sevilla es la provincia más castigada con la ley “mordaza”, una media de 42 multas diarias por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, según la asociación Pro Derechos Humanos.

Y para el engaño, los capitalistas han recurrido a su pata izquierda, la socialdemocracia. Gracias a estos manijeros, los dueños de Andalucía han evitado que el pueblo andaluz se haya levantado para tomar el control de sus inmensas riquezas, y en lugar de ello han conseguido, gracias a oportunistas de distinto pelaje (partidos andalucistas varios, PSOE, IU, Podemos…), algunos incluso disfrazados de comunistas (PCE), que la clase obrera de la ciudad y el campo se hayan “conformado” con migajas.

Y justamente esos oportunistas, cuyas manos están manchadas del sudor y la sangre que provoca la explotación aún más salvaje de los trabajadores andaluces, después de idealizar este régimen de esclavitud con palabras pomposas como “democracia”, “estado de bienestar”, “servicios públicos” y defendiendo como los fascistas de PP, Cs y Vox la constitución del 78, son los que más arremeten contra el pueblo andaluz por su supuesta indolencia. Aquellos que han tapado la única salida del pueblo andaluz a sus desdichas, el Socialismo, son cómplices imperdonables del saqueo y expolio de nuestra tierra.

¿Cómo podemos culpar al pueblo trabajador andaluz cuando sólo se ofrece como alternativa la economía de mercado, con o sin regulación?

Al proletariado andaluz le hace falta tomar conciencia de su potencial, hoy más cualificado y numeroso que nunca, y de la necesidad de superar el régimen capitalista que, a todos los niveles, y a todos los pueblos, genera tanta incertidumbre, desesperanza, sufrimiento y agonía.

Es hora de que el pueblo trabajador andaluz sea de verdad autónomo e independiente respecto al resto de clases poseedoras (burguesía, terratenientes, oligarquía financiera…), pero al mismo tiempo se hermane con el resto del proletariado español, que tienen enfrente enemigos comunes: los monopolios, el Estado español, la Unión Europea, la OTAN, el FMI y el Banco Mundial, entre otros. La lucha es entre el proletariado y el Capital. Es una lucha que se libra a nivel mundial. Y desde esa perspectiva hemos de organizar un Frente Único del Pueblo que aúpe a las clases populares para instaurar el Socialismo en Andalucía, el Estado español y la humanidad.

 

Por un pueblo trabajador andaluz libre y soberano
Por el fin a la ocupación de los monopolios
Por la unidad del proletariado español e internacional
Por el Frente Único del Pueblo y el Socialismo


Comité Regional del PCOE en Andalucía
Paro
 
Los indicadores de desempleo ofrecidos por todos los gobiernos, sean del color que sean, y difundidos por todos los medios de comunicación, se centran en el número de desempleados y el porcentaje con respecto al total de personas activas. Unos datos engañosos y que ocultan la realidad del mercado de trabajo actual, pues se ignora a la población en edad de trabajar que no tiene trabajo ni está inscrita como demandante, además de considerar persona ocupada a trabajadores que apenan cotizan unas pocas horas al mes, o aquellos que realizan cursos de formación de las agencias públicas de empleo.

Según la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en España hay 39.427.200 personas en edad de trabajar, de las cuales 16.268.400 se encuentran inactivas, lo que significa que el 41,26% de los españoles en edad de trabajar no tiene trabajo ni está inscrito como demandante de empleo. Del 58,74% restante, 19.966.900 tienen trabajo y 3.191.900 están parados, lo que implica una tasa de paro del 13,78%. Sumando los trabajadores en paro con los inactivos, tenemos un total de 19.460.300 personas que estando en edad de trabajar, no tienen un puesto de trabajo, lo que equivale al 49,36%, prácticamente la mitad de los españoles en edad de trabajar.

Si a estos datos sumamos que de los 19.966.000 trabajadores, 3.253.300 son empleados públicos, y alrededor de 3.000.000 trabajan en empresas participadas por administraciones del Estado (la Administración Paralela), el sector privado tan sólo emplea a unos 13,7 millones de trabajadores, es decir, tan solo el 34,78% de la población en edad de trabajar.

No acaban las trampas a la hora de falsear los datos, puesto que esos 19.966.900 trabajadores incluyen a desempleados que hayan cotizado pocas horas, o que estén realizando cursos de formación proporcionados por el INEM o por agencias públicas de empleo autonómicas.

La realidad es que la jornada media semanal por persona ocupada ha pasado de ser de 33,9 horas en 2008 a 31,5 en 2019, lo cual significa que el empleo que se crea es más precario.


Esta es una de las mayores trampas de los datos de empleo que usan gobiernos y medios de comunicación. Para simplificar cómo se tergiversa la realidad con estas estadísticas, se puede usar un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa tiene a 1.000 trabajadores a jornada completa (40 horas semanales), cobrando unos 1.500 euros al mes en 14 pagas (21.000 euros al año). Si esa empresa despide a esos 1.000 trabajadores y contrata a 4.000 con una jornada semanal de 10 horas, según los datos del paro esa empresa habría “creado” 3.000 puestos de trabajo, cuando la realidad es que tan solo ha convertido puestos de trabajo a tiempo completo en trabajo a tiempo parcial, mucho más precario. Si además aprovecha esa reconversión para ofrecer un salario menor (pongamos los 950 euros al mes del salario mínimo, que al tener jornadas de 10 horas semanales serían 237,5 euros), la masa salarial pasaría de ser de 21 millones de euros al año a 13,3 millones, con lo que el conjunto de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo, el trabajo es más precario, mientras que la empresa ha reducido sus costes salariales en un 36,67%, obteniendo mayores beneficios, extrayendo a los trabajadores una mayor plusvalía. Este no es un ejemplo baladí, sino que refleja la realidad que se ha vivido en muchas empresas, que han llevado a cabo miles de Expedientes de Regulación de Empleo y Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo –con la inestimable ayuda de los sindicatos del sistema, CCOO y UGT– para reducir su masa salarial, sustituyendo a trabajadores con mejores condiciones por otros con condiciones más precarias u obligando a los trabajadores a aceptar una reducción en sus condiciones si no quieren perder sus puestos de trabajo.

Y es que esta es otra de las grandes trampas sobre los datos de empleo, ocultar la redistribución de la riqueza, porque mientras en los últimos años han aumentando los beneficios empresariales a costa de la masa salarial, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha disminuido para seguir engrosando las cifras de negocio de las empresas. Tan sólo en 2017, los beneficios de las empresas crecieron 95 veces más que el aumento de la retribución media por asalariado.

Así, las rentas del trabajo cayeron a mínimos históricos en 2017, pasando de ser el 73,1% del total en 2010, al 70,4% en 2018, acumulando el 10% más rico de la población española más riqueza que el 90% restante, mientras que el 1% más rico ha pasado de concentrar un 20% de la riqueza en el año 2000 a un 25,1% actualmente.

Estos son los datos que reflejan la realidad de nuestro país –y del resto de Estados capitalistas-, la acumulación de riqueza en manos del capital frente a la precarización y el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y estos son los datos que los gobiernos nos ocultan, tanto el gobierno del reaccionario PP como el ‘progresista’ gobierno de coalición de PSOE-Unidas Podemos, ocultando de esa forma al pueblo la lucha de clases, intentando así defender este régimen de explotación que en nuestro país es la continuación del franquismo, un Estado fascista que niega a las clases populares el futuro, que reprime a su propio pueblo y lo condena a la miseria. ¡Ese es el Estado que defiende el gobierno de PSOE-Unidas Podemos!

Por lo tanto, los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de obtener mejores condiciones de vida mientras sigamos dejando nuestra suerte en manos de toda clase de oportunistas que nos engañan y traicionan. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a unir todas las luchas en un Frente Único del Pueblo para acabar con este sistema e instaurar el Socialismo, el único sistema que garantizará un futuro digno para las clases populares.

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
CarlosIII
 
Dos atropellos a los estudiantes de clase obrera en menos de un mes. Vergüenza, asco y desprecio es lo que sentimos muchos de los alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) después de que se revelaran dos escándalos que sitúan la enseñanza pública en las antípodas de todo lo que debería ser.

El primero salió a la luz a mediados de enero. Tras una inspección laboral, se descubrió que la UC3M utilizaba a 570 becarios de prácticas extracurriculares como empleados durante los últimos cuatro años. Dicho de otra manera, la universidad ha estado empleando de manera fraudulenta a cientos de alumnos para colocarlos en puestos estructurales y cotizar como becarios en vez de como trabajadores indefinidos. De este modo, han estado en situación irregular porque su trabajo excedía al propio de unas prácticas extracurriculares y, en realidad, estaban sustituyendo de facto a los funcionarios. De esos 570 alumnos explotados desde 2016, todavía 240 siguen estudiando en activo en el centro. La Seguridad Social reclama 1,5 millones de euros a la UC3M por estas contrataciones irregulares.

El segundo escándalo estalló apenas dos semanas después. Una segunda inspección de trabajo determinó que la universidad ofrece créditos optativos a los alumnos a cambio de labores por las que antes pagaban a becarios. Según el organismo de control laboral, estos estudiantes serían trabajadores. Trabajo gratuito. La UC3M, una universidad pública, financiada con dinero de la clase obrera, contrata alumnos sin pagarles un sueldo.

Los créditos ECTS que ofrecían a los estudiantes en lugar de un salario son la unidad con la que se miden las horas de estudio, el valor y el coste de cada asignatura en las universidades europeas. Cada uno equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo. Una asignatura estándar otorga 6 créditos y un grado de cuatro años tiene 240 créditos. Es decir, a cambio de su fuerza de trabajo, la UC3M solo otorgaba 3 créditos optativos. Para colmo, por si los 3 créditos ECTS parecen insuficientes, la universidad añade que “esta experiencia puede mejorar las habilidades transversales” del alumno.

¿Cuál ha sido la reacción de la universidad tras los escándalos? ¿Aceptar el requerimiento de la Seguridad Social y regularizar la situación de los becarios? En absoluto. La Carlos III ha decidido suspender inmediatamente el programa de becas extracurriculares interno y prohibir el acceso de los estudiantes a sus puestos de trabajo.

En lugar de mantener a los becarios para las tareas que deberían hacer y bajo unas condiciones mínimamente apropiadas, nos han arrebatado la posibilidad a todos los alumnos de la universidad de tener una beca de prácticas en tareas internas del centro. Y en vez de emplear a trabajadores y remunerarlos con un contrato regular para mantener los servicios que antes se ofrecían, ahora los estudiantes no podemos acceder –o de una manera insuficiente y precaria– a servicios como los audiovisuales o a algunos relativos a la biblioteca.

La Universidad Carlos III de Madrid no está a la altura de sus alumnos. Los estudiantes de clase trabajadora estamos hartos. Nos exigen notas de corte elevadísimas que elitizan una educación que dice ser pública y universal para que luego, por si fuera poco, tengamos que pagar tasas abusivas que cierran las puertas de millones de jóvenes de clase obrera que no pueden superar la barrera económica. Muchos de nosotros solo podemos estudiar si compaginamos las clases con un trabajo, tarea impracticable tras la imposición del Plan Bolonia y su mal diseñada “evaluación continua”.

Nos niegan ayudas económicas a los alumnos que realmente las necesitamos y se las otorgan a aquellos que no, pues se sigue el concepto burgués y carente de profundidad real que llaman “meritocracia”. Así, no se tienen en cuenta factores que dificultan y restan tiempo de estudio como lo es, por ejemplo, tener que acudir a un puesto de trabajo la mayor parte del día para pagar la matrícula.

Nos exigen a los estudiantes con menos recursos competir por una ayuda económica con los hijos de familia acomodada, que viven sin la preocupación de no llegar a fin de mes, de no poder pagar el alquiler, de no tener la nevera llena o de perder el trabajo que permite, entre otras muchas cuestiones, poder seguir estudiando. Partimos en desigualdad de condiciones con respecto a alumnos que cuentan con infinito tiempo libre de ventaja. El miedo de no obtener una ayuda económica y de tener que abandonar la carrera reaparece cada comienzo de año. Nos obligan a hacer esfuerzos sobrehumanos para aspirar a que no nos arrebaten la tan ansiada beca económica y seguir adelante.

Y toda esta pena y sacrificio, ¿para qué? Para recibir una educación que cada año es más pésima y el desprecio de una universidad que, ante la imposibilidad de seguir explotando a cientos de estudiantes con trabajo esclavo, decide cerrar el programa de becas a la totalidad del alumnado. La Carlos III nació con la promesa de “acabar con los vicios de las antiguas escuelas” y no es más que otra universidad antiobrera y corrupta.

Lo que vivimos los hijos de clase obrera que estudiamos en la UC3M es insoportable. Pero esto no solo ocurre en esta universidad. Este infierno no se aleja de la realidad que se vive en el resto de las escuelas públicas del Estado español, ya sean de educación primaria, secundaria o superior. Los atropellos de la Carlos III tienen un carácter de clase. Responden a un proceso de desmantelamiento de la enseñanza pública, en pos de la educación privada, al objeto de elitizar los estudios superiores. Las becas que ahora se nos niegan tras destaparse el trabajo esclavo encubierto eran, para muchos alumnos, el paso previo para salir al mercado laboral y no morir en el intento. Los hijos de la burguesía, en cambio, no tendrán nunca que preocuparse por el paro, por las becas o por las ayudas.

• «Sobre la educación pública, la educación concertada y la educación privada»

No existe ni existirá jamás una educación verdaderamente pública y universal en el sistema socioeconómico de la burguesía, el capitalismo, y bajo el Estado burgués que lo perpetúa. La Universidad Carlos III de Madrid, al igual que todos los centros de enseñanza pública, es propiedad de un Estado que no nos pertenece al proletariado y a las futuras generaciones de obreros. El Estado actual es un Estado burgués, que sirve a los privilegios de nuestra clase antagónica, la burguesía. Sus intereses entran en directa contradicción con los nuestros. Los intereses de una clase solo pueden satisfacerse en detrimento de la otra. Los problemas relacionados con la educación pública los seguiremos sufriendo hasta que no acabemos con el capitalismo y se ponga fin al Estado burgués, para que las instituciones sirvan por fin a la clase trabajadora.

No es posible una enseñanza pública de calidad en el capitalismo. La educación pública con un Estado burgués es una quimera para la clase obrera. Es una ilusión en el sistema de dominación de la burguesía. Aunque se diga “pública”, no sirve al interés público, sino al privado. Creer que es posible una educación pública de garantías para las clases oprimidas es creer que la clase que nos explota estaría dispuesta a renunciar de manera voluntaria a sus privilegios de clase para aceptar implementar un sistema educativo único y de calidad para todos.

Una educación verdaderamente pública solo es posible con el fin de la sociedad de clases. Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), llamamos a nuestros compañeros estudiantes y generación de futuros trabajadores a organizarse junto a las demás capas populares oprimidas por la burguesía –obreros, desempleados, pensionistas, jornaleros, etc.– en torno a un Frente Único del Pueblo (FUP) para defender la educación pública, combatir juntos al enemigo de clase y su sistema capitalista, y tomar de una vez por todas las riendas de nuestro destino.

La realidad nos demuestra de manera cada vez más patente que la solución a los acuciantes problemas de la clase obrera vendrá únicamente de la mano del socialismo. Debemos acabar con el capitalismo y con el Estado burgués para erigir nuestro sistema propio y defenderlo con la construcción de un Estado proletario. La clase trabajadora y sus hijos solo podremos poner fin a la injusticia si conquistamos el poder de manera revolucionaria para derribar el capitalismo y la dictadura del capital y establecer el socialismo y la dictadura del proletariado. Únicamente así, la humanidad podrá avanzar junta hacia la sociedad sin clases, de individuos con un interés común, basada en la justicia y en la igualdad, libre de explotación y encaminada hacia la paz mundial: el comunismo.

 

¡Por una verdadera educación pública, universal y de calidad!
¡Estudiante, organízate en el PCOE!
¡Sin partido no hay revolución!


Célula del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
Ayuso
 
En la Comunidad de Madrid empuña el cetro desde hace décadas la reacción más rancia de este país fascista. Conformado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos y con los votos favorables de Vox, el Gobierno regional ha heredado la obra de sus antecesores de convertir Madrid en un cortijo para burgueses. El elenco de caciques y mafiosos de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes seguro se enorgullece del buen trabajo de sus discípulos. En el medio año transcurrido desde que Isabel Díaz Ayuso preside la Comunidad de Madrid, los atentados contra la clase trabajadora se suceden rutinariamente.

El último recorte a los servicios públicos se ha firmado en educación. El Gobierno regional ha pegado un tijeretazo a la partida que ingresan anualmente los colegios públicos por gastos de funcionamiento: de 20 euros por alumno matriculado en cada centro este 2020 se ingresará un euro menos. Además, se reduce un 5% la cantidad que se abona a los 400 colegios bilingües de la región por estar en el programa de enseñanza en inglés y también se ha recortado el presupuesto de los 26 CEIPSO madrileños, los colegios públicos en los que se imparte primaria y secundaria. A estos centros, este año se les ingresará lo mismo que a cualquier otro centro de primaria, es decir, menos dinero.

La Comunidad de Madrid emprende así un paso más hacia uno de los objetivos que le ha fijado la burguesía: el desmantelamiento de la educación pública y la entronización de la educación privada, en el marco de un dilatado proceso de privatización –y mercantilización– de la enseñanza. Con estos últimos recortes, el Gobierno de Díaz Ayuso afianza la educación privada y concertada en Madrid y deteriora los medios y la calidad de la educación pública. De este modo, se agranda todavía más la brecha entre explotados y explotadores.

La privatización de la educación pública se realiza por dos caminos interrelacionados. Por un lado, las cada vez más generosas subvenciones a los centros concertados y privados –1,73millones de euros en 2019–. Y por el otro, los severos recortes a los centros de enseñanza pública (CEIP, IES o CEIPSO), como lo ha sido este último. Consecuencia de ello es que los hijos e hijas de la clase trabajadora no puedan acceder a una educación de calidad, lo que revela de manera aún más visible las desigualdades de clase.

Pero cuidado. Los trabajadores no podemos equivocarnos cuando nos preguntamos sobre el origen de esta infamia. El problema del deterioro de la enseñanza pública y su progresiva privatización, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado español, no es un problema de Gobierno. No podemos caer en la trampa del parlamentarismo, en las reglas de juego diseñadas e impuestas por la burguesía para perpetuar su sistema de dominación de clase. Este abuso no se soluciona con un cambio de Ejecutivo, ni regional ni nacional. No se soluciona votando para que entre el PSOE de turno o sus acólitos oportunistas de Podemos-IU-PCE.

La privatización de la enseñanza y el desmantelamiento de los centros públicos es un fenómeno estructural y endémico en el Estado español. Al igual que ocurre con el resto de las empresas e instituciones públicas, los colegios públicos forman parte del Estado. Un Estado que en la comunidad autónoma uniprovincial de Madrid toma la forma del aparato regional que dirige Díaz Ayuso –pero que no posee, pues quienes detentan el poder son los burgueses y sus monopolios–. Y el problema es que el Estado actual es un Estado burgués, que no sirve a los intereses de la clase obrera, sino a los de su clase antagónica, la burguesía. El problema de fondo es el Estado burgués, no el Gobierno, pues este solo se ocupa de administrarlo.

El Estado actual y todo su aparato burocrático ata y sostiene un sistema socioeconómico que perpetúa los privilegios de clase burguesa. Y los intereses de la burguesía entran en directa contradicción con los de la clase trabajadora y los estudiantes e hijos de obreros. Los intereses de una clase solo pueden satisfacerse en detrimento de la otra. Y en el ámbito de la educación, concretamente, esta lucha de clases se ve reflejada en las constantes privatizaciones, en las cada vez menores subvenciones y ayudas económicas, en el deterioro de los servicios públicos y en la corrupción sistémica que aúpa a los hijos de los burgueses con dinero público, con la riqueza generada por los trabajadores, al tiempo que se levantan barreras económicas y sociales a los hijos de los proletarios. Estos problemas los seguiremos sufriendo hasta que no acabemos con el capitalismo y se ponga fin al Estado burgués, para que las instituciones sirvan por fin a la clase trabajadora.

• «Sobre la educación pública, la educación concertada y la educación privada»

No existe ni existirá jamás una educación verdaderamente pública y universal en el capitalismo. No es posible, porque vivimos en una sociedad de clases con intereses contrapuestos. La educación pública con un Estado burgués es una quimera para la clase obrera. Es una ilusión en el sistema de dominación de la burguesía, en el sistema capitalista. Aunque se diga “pública”, no sirve al interés público, sino al privado. Creer que es posible una educación pública de garantías para las clases oprimidas es creer que la clase que nos explota estaría dispuesta a renunciar de manera voluntaria a sus privilegios de clase para aceptar implementar un sistema educativo único y de calidad para todos.

Una educación verdaderamente pública solo es posible con el fin de la sociedad de clases. Los obreros debemos dejar de caer en el engaño de nuestros carceleros de que los problemas fundamentales se pueden resolver con un cambio de Gobierno, ya sea municipal, regional o nacional, y dejar intacto su Estado y su sistema. Por ello, desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) hacemos un llamamiento a nuestros hermanos de clase a que militen en el Partido de vanguardia del proletariado y recalcamos la necesidad de organizar a todas las capas populares oprimidas por la burguesía –trabajadores, desempleados, pensionistas, estudiantes, jornaleros del campo, etc.– y unir todas las luchas aisladas en un Frente Único del Pueblo (FUP) para combatir juntos al enemigo de clase y su sistema.

La realidad nos demuestra cada año que solo hay una solución: acabar con el sistema socioeconómico de la burguesía, con el capitalismo, y destruir su Estado burgués para erigir nuestro sistema propio, el socialismo, y defenderlo con la construcción de un Estado proletario. Ningunas elecciones diseñadas por la burguesía podrán acabar con este sistema explotador. Llegar al Gobierno no es llegar al poder. La clase trabajadora solo podrá poner fin a esta injusticia si conquista el poder de manera revolucionaria para derribar la dictadura del capital y establecer la dictadura del proletariado. Únicamente así, la humanidad podrá avanzar junta hacia la sociedad sin clases, de individuos con un interés común, basada en la justicia y en la igualdad, libre de explotación y encaminada hacia la paz mundial: el comunismo.

¡Por una verdadera educación pública, universal y de calidad!
¡Por el socialismo!
¡Sin partido no hay revolución!


Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid
Madrid
 
Madrid se ha convertido en una ciudad pensada para el uso y disfrute de la burguesía. Es un hecho constado que el PCOE ha denunciado en reiteradas ocasiones. Los beneficios fiscales de los que goza la burguesía tanto en la capital como en la Comunidad, las viviendas de protección oficial cedidas a las fuerzas represivas del Estado o el proyecto de expropiación de bienes públicos para uso privado llamado Operación Chamartín son algunos de los elementos que hacen de Madrid una ciudad diseñada para la burguesía y que niegan el bienestar para la clase trabajadora.

Los obreros madrileños nos enfrentamos a un problema que ha ido engordando a lo largo de los últimos años y que ningún Gobierno municipal, ya sea uno rancio del PP o uno de colorines de Ahora Madrid, se ha molestado en abordar seriamente: el derecho a la vivienda. Una vivienda digna es inaccesible para la inmensa mayoría de los trabajadores madrileños. Es un problema ignorado por los políticos del Ayuntamiento, pues sirven todos a las clases poseedoras de capital y el (no) derecho a la vivienda es un problema que atañe única y exclusivamente a la clase obrera y a los jóvenes futuros trabajadores. Al igual que ocurre en el Congreso, la “pluralidad democrática” que aparenta tener distintos partidos de signo variado se demuestra una farsa. Solo interesa abrir el debate en período electoral –solo de boquilla, sin aplicar medidas– para volver a barrerlo por debajo de la alfombra una vez llegados al Gobierno.

Por matemática sencilla, un madrileño que cobra el salario mínimo interprofesional aprobado por el nuevo Gobierno (950€) tendría que destinar el 71% de su sueldo (670€) para poder alquilar un piso en Madrid, más concretamente en los barrios periféricos de Palomeras Sureste (Vallecas) o Butarque (Villaverde), donde el alquiler es menos caro. Es decir, tendría que compartir piso para vivir en otros barrios, lo que convierte a su vez el sueño de formar una familia en un privilegio cada vez más inalcanzable.

En esta tesitura, muchos trabajadores se ven obligados a recurrir a la también inaccesible opción de los pisos de alquiler público. El mes pasado, 23.000 personas (y subiendo) se encontraban a la espera de conseguir alguno de los 163 pisos de alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Así, no es de extrañar cómo muchos obreros acaban por vivir en un indigno “piso colmena”: repartidas por la capital, ya son diez “casas” con habitáculos de un par de metros cuadrados y con un total de 579 plazas. Esa es la realidad del inexistente derecho a la vivienda digna que tenemos los obreros. Ese es el bienestar y el progreso que nos reserva el capitalismo.

Una de las innumerables consecuencias que acarrea el problema de la vivienda es el proceso de gentrificación en barrios históricos de la clase obrera. Vecinos que se ven obligados a abandonar el barrio de toda su vida por la subida desorbitada del alquiler. Como ocurre en La Latina, Malasaña o en Chamberí, barrios enteros se transforman paulatinamente en cortijos de nuevos ricos, expulsando al proletariado a la periferia. Y en dicho proceso, debe recordarse, la burguesía se cobra vidas obreras. Así, cada vez más trabajadores están abocados a ser marginados al extrarradio. Y si ya el obrero pasa la casi totalidad de su tiempo de vida en su centro de trabajo, con la negación de este derecho y su expulsión a la periferia, hay que añadir además todas las horas –y gastos– de trayecto desde su vivienda en las afueras de Madrid hasta su lugar de trabajo.

Uno de las mayores afectados por el no derecho a la vivienda es la juventud de clase obrera o las futuras generaciones trabajadoras. Con datos de 2018, la media de emancipación en el Estado español se encuentra en 29,3 años. En Madrid, el problema es todavía más agudo. Los jóvenes madrileños gastan en alquilar una habitación casi el 40% de su sueldo. Un sueldo que, en el caso de los trabajadores de 18 a 35 años, ha caído desde 2008 hasta un 5,0% –un 9,6% en el caso de las mujeres obreras–. Todo ello mientras el precio de las rentas de alquiler ha aumentado un 27% de media en la Comunidad de Madrid, con algunas zonas especialmente disparadas donde el porcentaje de subida llega al 52%. Para los jóvenes obreros, emanciparse de la casa de sus padres es una odisea y muchos están condenados a vivir con ellos el resto de su vida, sin poder formar su propia familia. Independizarse es cada año más difícil; hacerlo en una vivienda digna es casi imposible.

El inexistente derecho a la vivienda y, especialmente, cómo se manifiesta entre las capas populares más jóvenes, tiene cada año menor cabida en la agenda política de los parásitos del parlamentarismo español. Es un problema que se aborda cada vez menos, pues el envejecimiento demográfico redunda en que la mayoría de los votantes ya no sean jóvenes –al contrario que cuando la generación del ‘baby boom’ cumplía la mayoría de edad–. Es decir, no interesa tanto centrar los debates electorales en los problemas que preocupan principalmente a los jóvenes, pues de ellos no van a sacar la mayoría de los votos. Así funciona la lógica “democrática” de este sistema.

Algunos reformistas exclaman que la solución a la cuestión de la vivienda es regular el alquiler de los pisos. Parecen no ver (o no querer ver) que un problema tan grave como este no se va a solucionar con una mísera reforma. No son capaces de comprender que este no es un problema aislado. Intervenir en el mercado de la vivienda supondría ponerse directamente en contra de los intereses de los monopolios, del capital bancario y de los especuladores financieros. La clase obrera no puede esperar nada de este nuevo Gobierno, si acaso alguna reforma insuficiente, pues en ningún caso van a discutir los privilegios de fondos de inversión nacionales e internacionales como lo es, por ejemplo, el fondo buitre Blackstone –con acciones en Hilton, en TDC A/S o en Nielsen Company–.

Parece que la burguesía no tiene suficiente con humillar a los trabajadores cada día en los centros de trabajo con jornadas interminables y pésimas condiciones laborales. También lleva el yugo a las puertas de su casa. La burguesía extiende su dominio aplastante y explotador a todos los ámbitos de la vida. El proletariado no deja de sentir ni un solo segundo cómo le aplasta la bota del patrón. Es incapaz hasta de vivir en unas condiciones mínimamente dignas, negadas por la burguesía y su Estado.

El problema de la vivienda no es un problema de Gobierno. Va mucho más allá. Es un problema de Estado que no puede solucionarse porque el sistema económico de la burguesía, el capitalismo, no se sostiene y se encuentra en crisis histórica. Hasta que la clase obrera no sea dueña de su futuro y acabe con la burguesía y con su sistema, no podrá poner fin a todas las humillaciones que sufre cada día. La realidad nos demuestra una vez más que la única salida para la clase obrera es derribar el capitalismo y la dictadura del capital, y construir el socialismo y la dictadura del proletariado. Solo arrebatándole el poder a las ensangrentadas manos de la burguesía podrá la clase obrera terminar con su explotación y tener la vida digna que la historia le debe.

 

¡POR UNA VIVIENDA DIGNA!
¡TRABAJADOR, INCORPÓRATE A LAS FILAS DEL PCOE!
¡SIN PARTIDO NO HAY REVOLUCIÓN!


Comité Local del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid
Malaga
 
El sábado 15 de febrero se organizó en Málaga una concentración contra las casas de apuestas de la que el PCOE fue partícipe, en consonancia con los movimientos populares de Madrid que han logrado paralizar las construcciones de dichos establecimientos. Ante dicha concentración, los dueños del local salieron a quejarse, resultando ser uno de ellos el hermano del cabecilla del frente bokeron, un club de hinchas de fútbol malagueño plagado de fascistas, nazis y mercenarios de Desokupa, quedando aún más claro quién es el enemigo en esta lucha.

Málaga es una de las provincias más afectadas en Andalucía por las casas de apuestas. De las 3440 casas de apuestas que hay en la comunidad, más de 800 están en Málaga, es decir, casi un 25% concentrado en una única provincia. En 3 de cada 5 locales no revisan siquiera el DNI para controlar la edad; los jugadores que deciden aislarse (se meten a sí mismos en listas negras para que no les dejen seguir entrando a los locales) se les da total acceso; los prestamistas entran y salen como si fuese su casa. El juego es un cáncer que carece del más mínimo control, lanzado a propósito contra nosotros, con el objetivo de lucrarse y volvernos aún más débiles y miserables.

La problemática con las casas de apuestas es obvia, su presencia es casi exclusiva en los barrios obreros, somos su objetivo. A través de un bombardeo publicitario constante se nos vende a los trabajadores con fuertes necesidades económicas que estos locales son sitios de dinero fácil, y lo son, pero no para nosotros, sino para los dueños de los locales y las empresas, que se benefician robando rastreramente nuestro salario y lanzándonos al pozo de la ludopatía, la adicción y las deudas. Ante todo esto, las medidas del gobierno se muestran como lo que son, una tirita colocada con desgana sobre las venas abiertas de los trabajadores. Insuficientes, parciales y engañosas, propio de un gobierno burgués con tintes socialdemócratas que no aspira a nada más que a perpetuar, de manera discreta, el sistema capitalista que genera los mismos problemas con los que luego, orgullosos, se dan golpes en el pecho exclamando sin vergüenza alguna que son los únicos capaces de solucionarlos.

Desde el PCOE nos organizamos activamente contra este ataque hacia los trabajadores, no solo para provocar un cese total a las casas de apuestas, que al fin y al cabo no son más que uno de los tantos síntomas del capitalismo, sino contra todo el sistema en su conjunto, y todo el mal que a nosotros nos genera, pues la lucha parcial se muestra, como siempre, inefectiva e insuficiente. Es por ello que consideramos de vital importancia la unificación de todas las luchas populares en una sola a través de un Frente Único del Pueblo, con el fin último del derrocamiento del sistema capitalista y la implantación del socialismo, en beneficio de la totalidad de la clase obrera, quien, solo bajo un nuevo sistema podrá ver por fin sustituida la lacra de las apuestas y las adicciones, por un ocio digno y enriquecedor para los obreros.

 

¡Por la unidad de la clase obrera malagueña!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español en Málaga!


Comité provincial del Partido Comunista Obrero Español en Málaga
DaniLibertad
 
El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Madrid acudió el pasado sábado 15 de febrero a la concentración convocada en la plaza de Jacinto Benavente, cuyo objetivo era exigir la absolución de los 16 represaliados en las jornadas de movilizaciones en octubre desencadenadas por la sentencia del procés. De esos 16, uno se encuentra en prisión provisional: Daniel Gallardo.

La sentencia del procés del 14 de octubre castigó con cárcel a los partidarios del derecho de autodeterminación y sirvió de pretexto para intensificar todavía más la represión contra las protestas populares. Demostró una vez más que el Estado español, desde su nacimiento, carece de las mínimas garantías democráticas para que pueda considerarse una democracia burguesa y reveló su auténtica naturaleza fascista.

El juicio del procés fue el detonante de numerosas protestas en todo el territorio del Estado español. En Madrid, tuvieron lugar dos manifestaciones multitudinarias: una, el 16 de octubre, y la otra, el 19. La primera se convocó en solidaridad con Catalunya y en defensa del derecho de autodeterminación. La segunda, por la amnistía de todos los presos políticos del Estado. El PCOE de Madrid estuvo presente en ambas.

El 16 de octubre, tras las cargas policiales posteriores a la concentración, fueron detenidas cuatro personas, de las cuales una era menor de edad. Al menos dos de los detenidos fueron golpeados, tirados al suelo e inmovilizados antes de ser detenidos. De esos cuatro manifestantes, tres fueron soltados al día siguiente tras pasar por disposición judicial. El cuarto, Daniel Gallardo (o Dani), acabó en prisión provisional después de ser aceptada la petición de la Fiscalía.

La otra manifestación, la del 19 de octubre, fue mucho más numerosa que la primera. Al acabar, la Policía volvió a cargar indiscriminadamente contra los manifestantes e incluso contra familias, turistas y transeúntes que salían de compras. Las cargas acabaron con 12 detenidos, dos de ellos menores, y decenas de heridos. Tras pasar más de 40 horas en comisaría, donde, según explicaron los detenidos, sufrieron humillaciones, burlas, comentarios, amenazas y agresiones físicas por parte de la Policía, la Fiscalía solicitó igualmente prisión provisional para tres de ellos. En esta ocasión, la petición fue denegada.

La prisión provisional para Daniel Gallardo es simple. El Estado español buscó un cabeza de turco para infundir miedo en un movimiento de protestas que cada día se estaba tornando más grande, más combativo, y con un denotado cariz antifascista. Encontrado su cabeza turco en Dani y cumplido su objetivo de neutralizar el movimiento de protestas, la prisión provisional para los otros tres detenidos se presentaba como una medida poco útil para el Estado, ya que podría mediatizar innecesariamente el caso, dañar su falsa imagen de democracia y acarrearle problemas de credibilidad de cara al exterior.

En la concentración de este sábado en solidaridad con Dani y los demás represaliados, no habían pasado ni diez minutos desde la hora de convocatoria cuando la Policía ya estaba identificando y cacheando a personas de tres en tres. A uno de nuestros camaradas, un agente le pidió que lo acompañara a un furgón, alegando que “está prohibido llevar la cara tapada en las manifestaciones, según la Ley de Seguridad Ciudadana” (también conocida como ‘ley mordaza’).

Sin embargo, la ley mordaza no prohíbe cubrirse el rostro; lo contempla como una condición por la cual un agente puede identificar a alguien (en teoría, porque en la práctica el policía identifica a libre voluntad y detiene por desacato a la autoridad a aquel que se niegue). El Artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana establece que un agente puede identificar personas cuando existan “indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción” y cuando, “en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. “En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados”.

En otras palabras, la Policía miente y no respeta ni su propia ley, que se demuestra una completa farsa. Los agentes mismos son la ley, son el Estado, su brazo armado. Nuestro camarada estuvo media hora retenido por la Policía, sometido a preguntas, cacheado y sin poder usar su móvil, mientras introducían sus datos en la base al tiempo que un agente de paisano le tomaba fotos en la distancia. Como nuestro camarada pasaron decenas de personas.

Una vez más, mientras el caso de Dani se silencia en los medios de comunicación, se demuestra el nulo derecho de manifestación en este falso Estado democrático. Esto ocurre y ha ocurrido siempre independientemente del color del Gobierno de turno. Los dirigentes del nuevo Ejecutivo de coalición “progresista”, de confetis y de arcoíris, que nos han regalado por la gracia de Dios los magnánimos del PSOE (antes casta) y los revolucionarios de Unidas Podemos, que se llenan la boca de “antifascismo” y de folklore para la galería, son los mismos que reprimen a los verdaderos antifascistas, a los que se organizan para denunciar la naturaleza antidemocrática del Estado español y para visibilizar la represión de los presos políticos.

Mientras nos reprimen, los fascistas siguen creciendo y atacando sin recibir respuesta. Absolución tras absolución, y con la connivencia con los cuerpos represivos del Estado, los fascistas son conscientes de su impunidad. El Estado español, cimentado sobre una estructura fascista, ni siquiera logra tener la separación de poderes de una democracia burguesa. Y los fascistas, al contrario que los antifascistas, están amparados por los oportunistas del parlamentarismo español, que les allanan el camino bajo el burdo argumento de la “tolerancia”. Curiosa tolerancia la de alimentar el fascismo y reprimir el antifascismo. Nada ha cambiado. Seguimos igual, esté en el Gobierno el Partido Popular o el PSOE con Podemos-IU-PCE. La clase obrera vive en un Estado fascista, bajo la forma de un falso parlamentarismo, que heredó la estructura del régimen anterior, con reformas, sin ruptura.

Desde el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), expresamos nuestra más profunda solidaridad con Dani y con los demás represaliados por el Estado fascista español. Remarcamos la necesidad de combatir el fascismo, que se manifiesta en las instituciones y en la calle y crece con impunidad como reflejo de una superestructura marcada por la burguesía. Exigimos la puesta en libertad de Dani y de todos los presos políticos.

La única manera de acabar con el fascismo es poniendo fin a la raíz del problema: el capitalismo y el Estado burgués que lo impone. La construcción del socialismo y la puesta en marcha de la dictadura del proletariado es la única solución que tiene la clase obrera para avanzar hacia una sociedad libre de fascismo, de explotación y de miseria.

 

¡Por todos los antifascistas en lucha!
¡Solidaridad con Dani! ¡Absolución de los 16 represaliados!
¡Por la amnistía de los presos políticos!


Comité Local del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Madrid
Siria
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, dice en sus artículos 23.2 y 23.3: «Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual»«Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».

Esta declaración, tan aplaudida e invocada por gobiernos de todos los colores en los países capitalistas, consagra de esta forma la esclavitud asalariada, el trabajo asalariado como única forma de subsistencia para la clase trabajadora, negando de esta forma el derecho de una sociedad a una organización económica superior, a la supresión del salario como método de esclavitud moderna, a la superación del capitalismo como sistema económico criminal e inhumano para instaurar un sistema superior, más justo y necesario, el Socialismo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es más que un intento de legitimar el capitalismo como estado final de la sociedad humana, intentando negar la inevitable descomposición actual del sistema, que ya sólo se sostiene a base de guerra, explotación y miseria. Reflejo de esto es también su artículo 21.3, que indica que «la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente», negando así la participación política del pueblo más allá de las elecciones, negando la organización de las masas populares y su acceso al poder al margen de las instituciones burguesas.

Pero si esta declaración no es más que la plasmación de la explotación capitalista, la carta magna del imperialismo, ni siquiera éste respeta sus propios artículos, mostrando que en el estado de descomposición actual del capitalismo, la tendencia a la reacción y al fascismo anula cualquier derecho democrático en aras de salvaguardar el poder económico de una minoría.

En su artículo 13.2, la DUDDHH dice: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país». Y el artículo 14.1, dice: «En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país». Estos artículos plantean una contradicción enorme en el mundo capitalista, pues el imperialismo sólo se sostiene hoy mediante guerras de rapiña para explotar recursos en otros países, de forma que es responsable directo de las condiciones inhumanas que obligan a muchos pueblos a abandonar sus países huyendo de la destrucción de la guerra.

La realidad demuestra el desprecio del imperialismo por sus propias leyes, por sus declaraciones de derechos y de intenciones, que se vuelven papel mojado en cuanto el pueblo pretende llevarlas a la práctica. Y si bien los Estados capitalistas incumplen leyes y acuerdos que ellos mismos firman, la justicia, como un instrumento más al servicio del sistema, no duda en adaptar las leyes que considere necesarias para intentar legitimar estos abusos. Así lo confirma el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleva años realizando el Estado español.

El fallo se sustenta en la irregularidad de la entrada de esos inmigrantes, que no usaron los «canales regulares» para acceder al país, canales que la propia Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lleva años denunciando que no existen. La inmigración es, como todo en este sistema, una cuestión de clase. Esos ‘canales regulares’ existen para quienes pueden adquirir un bien inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros, o quienes pretendan realizar una inversión significativa de capital, por un valor igual o superior a 2 millones de euros, tal como regula la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su artículo 63.


Estas son las leyes que defienden los mismos que hipócritamente condenan esta resolución del TEDH. Sira Rego, eurodiputada de IU, partido que ha sido el sostén del PSOE en numerosos gobiernos y que forma parte del actual gobierno de coalición entre social fascistas y oportunistas, declaraba que «estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras», omitiendo que es el Estado español de cuyo gobierno forma parte su partido el que ha incumplido sistemáticamente el anterior criterio de ese tribunal, que viene tan sólo a legitimar una práctica que ya se estaba llevando a cabo.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) manifestaba que «no todo vale en la gestión de los flujos migratorios, y en un Estado democrático no cabe la vulneración de los derechos humanos», mientras que este sindicato junto con UGT se han posicionado en numerosas ocasiones del lado del imperialismo, responsable de la destrucción de los países de los que esos mismos inmigrantes huyen.

Oportunismo político y sindical de la mano, condenando las consecuencias de las causas que apoyan, ambos hablando de derechos humanos, negando la cuestión principal, la cuestión de clase, legitimando este sistema que niega los derechos a la clase explotada, la clase trabajadora, y se los concede a los explotadores. Esos son los derechos ‘humanos’ que defienden en la práctica tanto unos como otros.

El pueblo jamás podrá vivir en paz mientras siga dejando su futuro en manos de oportunistas, mientras no se organice para tomar el poder y mandar al estercolero de la historia este sistema criminal, para construir la única alternativa posible, el Socialismo. Desde el Partido Comunista Obrero Español hacemos un llamamiento a todas las clases populares a alejarse del oportunismo político y sindical y a organizarse desde abajo en un Frente Único del Pueblo, que una todas las luchas en una única contra el capitalismo, que se convierta en un órgano de poder que permita que las riquezas que generamos los trabajadores pasen a manos del pueblo.

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)
Cadiz
 
Desde hace décadas los trabajadores se han dejado engañar por aquellos que nos consideran incapaces de tomar el control de la producción, de la economía y de la sociedad, a pesar de ser nosotros quienes producimos toda la riqueza del país con nuestro sudor y sangre.

Nos aseguran con rotundidad que necesitamos empresarios-parásitos que nos esclavicen y se apropien de nuestro trabajo. No hay otra alternativa nos dicen.

Al mismo tiempo gritan “¡Sí se puede!”, para que les votemos, y una vez sentados en la alcaldía, parlamento o congreso de turno, nos dicen que no les dejan.

Pero la realidad es que ellos existen gracias a la explotación de los trabajadores; si los trabajadores de la ciudad y el campo fuéramos dueños de las empresas, las fábricas, las tierras, las minas y los recursos naturales tan inmensos que emanan de nuestros suelos, los charlatanes de los ayuntamientos, parlamentos y congresos tendrían que ponerse a trabajar, de la misma manera que sus amos empresarios, terratenientes y banqueros.

El pueblo gaditano en especial vive en sus carnes el infierno de la esclavitud en los centros de trabajo y en los campos, el desempleo y la desesperanza de no encontrar un trabajo decente, las pensiones de miseria que apenas permiten llenar el frigorífico, o la falta de futuro de una juventud que por mucho que estudie seguramente tenga que emigrar lejos de su tierra o ganarse la vida de cualquier manera.

Esa es la cruda realidad que maquillan los manporreros de los explotadores que nos inculcan falsas ilusiones en unas instituciones y unas leyes que están hechas por y para los ricos.

Los del “¡Sí, se puede!” no ofrecen otra alternativa a los trabajadores de Navantia que elegir entre el pan o la paz. Son, de esta manera, cómplices de la guerra criminal que Arabia Saudí, que tiene el mismo código penal que el Estado Islámico, ha impuesto en Yemen con la ayuda de los imperios de EEUU, Francia y Reino Unido, provocando una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. Los del “¡Sí, se puede!” ahora dicen que no se puede tener trabajo y vivir en paz con otros pueblos hermanos. Nos quieren convertir en cómplices de la barbarie.

Los del “¡Sí, se puede!” se muestran muy “demócratas” con los fascistas de VOX, juntos de la mano celebran la Constitución del 78 que impone la esclavitud que hoy vivimos. Son tan “demócratas” que ven con buenos ojos que a los fascistas de VOX se les pueda votar.

Pero lo que no permiten es que las familias obreras al borde del desahucio y la indigencia muestren su desesperación en los plenos del ayuntamiento, hasta el punto de multar a aquellos que llaman a las cosas por su nombre en presencia del “excelentísimo” alcalde. Multas para el pueblo llano cuando alza la voz, subvenciones, ayudas y servicios municipales para los empresarios.

Es hora de que la clase obrera vuelva a tener un norte propio: ser dueños de nuestro destino, no tener amos ni dueños. Lo cual significa que los latifundios de los señoritos, que reciben millonarias subvenciones de Europa, que los cotos privados que sirven para el recreo de marqueses y demás parásitos, que la industria, las empresas, los bancos, las minas, las maquinarias, pasen a manos del pueblo, pues es de su trabajo de donde emana toda esa riqueza.

Por supuesto, esto no nos lo va a dar ninguna institución, ayuntamiento, parlamento o congreso, porque todos están para defender el régimen corrupto actual.

El pueblo trabajador ha de tomarlo sin pedir permiso, y para eso no tiene otra que organizarse desde abajo, uniendo todas las clases trabajadoras de las empresas, fábricas, cortijos, barrios, con los pensionistas, los jóvenes, los autónomos, pequeños campesinos.

Es necesario organizar un Frente Único del Pueblo para acabar con los parásitos y para que todo el pueblo sea dueño de las riquezas, poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de toda la sociedad y así tener todas las necesidades cubiertas.

 

Comité Provincial del Partido Comunista Obrero Español en Cádiz
Cadiz
 
Nuestra provincia es una de las más ricas de Andalucía y, sin duda, una donde la explotación capitalista se manifiesta de manera más descarnada, al igual que el paro.

Tras expirar el 31 de diciembre el Convenio Provincial de la Hostelería, la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz HORECA – organización integrada tanto en la CEA como en la CEOE – manifestó que en la negociación del nuevo Convenio Provincial de la Hostelería de Cádiz, una de sus aspiraciones es la introducción de una ampliación de la jornada máxima diaria de los trabajadores pasando de 9 a 12 horas. Sin duda la aspiración de la Patronal es agudizar más la explotación, en un sector donde hay en torno a 30.000 trabajadores en nuestra provincia, donde se realizan multitud de horas de trabajo efectivo que no están siendo reconocidas y, por tanto, tampoco remuneradas.

La Patronal gaditana quiere agudizar la explotación todavía más, quiere un incremento en la distribución irregular de la jornada de los trabajadores, en definitiva, no sólo quieren extraer más plusvalía sino quieren establecer mecanismos para concentrar todavía más esta extracción de plusvalía.

Otro sector importante en nuestra provincia es el agrario, en el que los sindicatos diferencian, de partida, a los trabajadores de la vid con el resto de trabajadores agrícolas, una nueva prueba de fraccionamiento de la Patronal con la que, sin duda, colaboran los sindicatos al servicio del Estado, CCOO y UGT.

Otros trabajadores que son divididos enormemente son los que viven del mar, que en nuestra provincia son muchos. Por un lado tenemos a los trabajadores que trabajan en los astilleros, adscritos al metal, por otro los trabajadores del mar, adscritos a convenios incluso a nivel de puertos, transporte marítimo, estibadores, pescadores, etcétera.

La Patronal tiene a los trabajadores como quiere, totalmente divididos y las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de nuestra provincia, al igual que la de los trabajadores del resto del Estado español, cada vez son peores. Nuestra provincia está abonada a liderar la clasificación en términos de paro, por encima del 26%, cifra que se multiplica si hacemos referencia al paro juvenil. Pero no debemos quedarnos aquí, la tasa de actividad en la provincia de Cádiz está en torno al 54%, quiere decir que en nuestra provincia, de cada 100 personas en edad de trabajar, 46 ni tienen trabajo ni están inscritos como demandantes de empleo en el SAE. Lo que significa que en la provincia de Cádiz, si sumamos los desempleados a la tasa de trabajadores no activos, únicamente posee un empleo – entendiendo como empleo el cotizar una hora al mes o, incluso estar desempleado haciendo un curso del SAE que es como hacen las estadísticas –en torno al 39,5% de la población gaditana en edad de trabajar.

A esta situación debemos sumar los desahucios, la calidad de la educación y la sanidad pública, cada día peores, por no hablar de nuestros niños y niñas, pues la provincia de Cádiz tiene una tasa del 41,5% de población infantil en riesgo de pobreza, sólo superado en este ranking en Andalucía por la provincia de Almería.

Por el contrario, los empresarios cada vez obtienen una mayor plusvalía y nuestra provincia alberga grandes latifundios, riqueza que sale de nuestra provincia, que es generada por el proletariado y el pequeño campesinado de nuestra provincia, que lo único que nos deja es miseria, paro y desigualdad a la par que los monopolios y los terratenientes se llenan los bolsillos.

Es momento de que los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz rompamos la estrategia de la burguesía de dividirnos y nos organicemos y unamos. Todos los trabajadores, ya sean del campo o de la ciudad, ya sean del mar o de la industria, sufrimos por igual la explotación capitalista. Las divisiones que la patronal hace por sectores de la producción es una forma que tiene ésta para dividirnos a los que realmente generamos la riqueza con nuestra fuerza de trabajo. La burguesía, la patronal, sabe perfectamente que estando los trabajadores divididos y desorganizados ellos siempre ganarán y nosotros, los trabajadores, siempre perderemos.

En esta estrategia de división, se arrodillan ante la patronal tanto los sindicatos vendidos – como son CCOO y UGT – como los partidos oportunistas (IU-PCE-Podemos) que fraccionan las luchas del proletariado (en mareas de diferentes colores). Y es que la lucha por la sanidad pública, por la educación pública, por la tierra para los jornaleros, por el derecho al trabajo, la lucha de la mujer obrera, la lucha de los pensionistas, la lucha de la juventud por un futuro o la lucha contra los desahucios y por una vivienda digna, no son luchas separadas, sino que son diferentes maneras de expresarse en la que se manifiesta la lucha de clases. Por ello, en Cádiz se hace fundamental la unión de todas esas luchas en una única lucha de clases contra el responsable de todos esos efectos: El capitalismo monopolista y su Estado. Hoy es una necesidad histórica la unión de todas esas luchas en un Frente Único del Pueblo que sea capaz de unirlas en una única lucha de clases contra la burguesía y su Estado, por la superación de este sistema inhumano que padecemos y que nos condena a los trabajadores a la miseria y a la muerte.

 

¡Por la unidad del proletariado y el campesinado gaditano!
¡Por el Frente Único del Pueblo!
¡Fortalece el Partido Comunista Obrero Español en Cádiz!


COMITÉ PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.) EN CÁDIZ