A finales de octubre de este año, el ministro y vicesecretario general del partido del Gobierno, José Blanco, decía que, para concurrir a los comicios municipales que se celebrarán en 2011, la izquierda abertzale, (ilegalizada por el Parlamento del Capital) “lo tiene muy fácil: con cumplir la ley y condenar el terrorismo sería suficiente” y añadía que si “dieran los pasos necesarios lo saludaríamos: que condenen el terrorismo y que se alejen del terrorismo de una vez por todas”.

En recientes fechas, el expresidente del Gobierno Felipe González, flamante consejero de la compañía Gas Natural y presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de Europa o Comité de Sabios, en un claro ejemplo de cómo monopolios y Estado se fusionan y la resultante se subordina a los intereses de los primeros, señaló que siendo presidente del Gobierno tuvo “la posibilidad de volarlos a todos juntos – la dirección de ETA – en la casa en la que se iban a reunir (…) La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto”. También dijo que “Si pudiera haber impedido que esos tipos que iban con un coche bomba a volar Hipercor lo hicieran, incluso volando el coche con los tipos dentro ¿lo hubiera hecho? Pues probablemente sí”. “¿Y eso es realmente escandaloso?”, se pregunta a sí mismo en la entrevista respondiéndose “Puede que lo sea, pero lo digo desde el punto de vista de la responsabilidad de un gobernante que tiene la obligación prioritaria de defender la vida de sus conciudadanos”, haciendo siempre una defensa encendida de Vera, Barrionuevo o Galindo, todos ellos relacionados con el terrorismo de Estado de los GAL y condenados por ello, cuando él era Presidente del Gobierno. Además, asegura Felipe González que “conozco dirigentes de todas las ideologías que no solo tienen la tentación, sino la acción de destruir a los terroristas para defender las vidas de sus conciudadanos. Eso ocurre todos los días en la lucha contra el terrorismo internacional, en los ataques a grupos talibanes y Al Qaeda en Afganistán”; dejando claro que no sólo hace apología del terrorismo de Estado sino que reconoce que es práctica habitual de todos los Estados capitalistas.

Y mientras este expresidente del gobierno y títere del Capital, va haciendo apología y enaltecimiento del terrorismo de Estado, conocedor de su impunidad, nadie de la Judicatura le ha aplicado la ley antiterrorista, demostrándose que la misma no es sino un instrumento más para reprimir políticamente al Pueblo y que, como no puede ser de otra manera en el Estado capitalista, la burguesía y sus esbirros disfrutan de tabla rasa para todos sus desmanes. Comprobamos, por tanto, que el peso de las leyes que los capitalistas hacen sólo caen sobre los trabajadores, verificándose como falsedad el que todos seamos iguales ante la ley. Por otra parte, los cables de noticias hechos públicos por Wikileaks nos señalan que, según el embajador estadounidense en España, el actual vicepresidente del gobierno y ministro del interior Alfonso Pérez Rubalcaba, le confesó que “el ministro de Justicia no quiso ver libre a un asesino convicto. En consecuencia, procuró adjudicarle un cargo adicional, pese a que era poco claro y de débiles argumentos, que permitiría mantener encarcelado al miembro de ETA” mostrándonos que la separación de poderes es una mentira y que los políticos de los monopolios capitalistas colocados por los mismos son los que determinan a quién se encierra o no y quién determinan quién es terrorista. Estos cables nos muestran así mismo una posible conspiración o concierto delictivo entre fiscales y miembros del gobierno español y funcionarios de EEUU para tapar el procedimiento penal abierto por el asesinato del cámara José Couso, algo que ha denunciado nuevamente su familia; en la misma línea, otros cables aportados por Wikileaks nos ilustran la forma en que la fiscalía española miraba para otro lado, colaborando con sus jefes norteamericanos, para interferir y no investigar casos flagrantes de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos como son, aparte de lo ya expresado, los vuelos de la CIA o las torturas de Guantánamo.

Mientras a la fiscalía, a Felipe González, o a los miembros del Gobierno no se les aplica la ley antiterrorista, el Estado no duda en tener a todos aquellos que le cuestionan a él y a su sistema económico en el punto de mira, así como tampoco vacila en encarcelar a dirigentes políticos y militantes independentistas, comunistas e incluso miembros en defensa de la amnistía y la solidaridad. El Estado Español ha sido responsable de innumerables actos de terrorismo de Estado, desde los crímenes perpetrados en Vitoria el 3 de marzo de 1.976 hasta las acciones del GAL, dirigidas por dirigentes políticos todavía vivos; sin haber resarcido a las víctimas, ni condenar esa violencia, ni juzgar a los criminales responsables, demostrándose que el Estado capitalista es el instrumento que tiene la burguesía para oprimir a las clases populares, tal y como nos han enseñado los padres del Marxismo-Leninismo y que, si se aplicase al Estado y a los capitalistas las leyes que ellos mismos hacen deberían ser ilegalizados.

El llamado “proceso de Transición” fue un instrumento vital para que los que se acostaron siendo franquistas amanecieran con máscaras democráticas; para que esos fascistas se autodenominen “demócratas” y éstos califiquen de “terrorista” a todo aquél que se oponga a ellos; para que los hijos de esos franquistas se etiquetaran, incluso, con términos como “Socialista”, e incluso “Obrero”, mientras a la clase obrera y a su miembros verdaderamente socialistas, comunistas y anticapitalistas se les reprime y se les sigue encerrando en las prisiones del Estado, donde los que traicionaron y se alzaron contra el Pueblo en 1936, de la mano de Hitler y Mussolini como máximos estandartes de la burguesía en dicho período, siguen usurpando el Poder, ejerciéndolo de manera dictatorial y despótica; todo ello gracias al pacto realizado por la burguesía y el oportunismo traidor, descollando entre estos últimos el PCE.

El Partido Comunista Obrero Español exige la inmediata derogación de la ley de Partidos, la supresión de todo tribunal político empezando por la Audiencia Nacional y la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos encarcelados. Por último el Partido Comunista Obrero Español hace un llamamiento a las clases populares para que construyan y se organicen en Asambleas Populares, en los barrios, ciudades, pueblos, etc; hace un llamamiento a los Comités de Empresas y Delegados de Personal para que construyan Asambleas de Comités y Delegados universalizando la unidad de todos los trabajadores; hace un llamamiento a los Estudiantes a unirse y organizarse en Asambleas y Consejos de Estudiantes, de tal modo que se vaya constituyendo el Frente Único del Pueblo, órganos de poder verdaderamente democráticos y populares porque son paridos por el Pueblo y por tanto emanan de él. Dichas organizaciones populares deberán contraponerse a los actuales órganos de poder antidemocráticos en manos de la oligarquía financiera, cuyo único objetivo es satisfacer los intereses de una minoría explotadora reprimiendo y robando al Pueblo, despojado no sólo de lo que produce sino también siendo despojado de la libertad y de la democracia, que sólo puede alzarse con la dictadura democrática del proletariado y con la propiedad social de los medios de producción.

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)